Reflexión ante la suspensión de garantías en Bocas del Toro: un dilema constitucional y humanitario

El reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, mediante Decreto Ejecutivo publicado el 20 de junio de 2025, ha generado una profunda inquietud entre defensores de derechos humanos, juristas y ciudadanos comprometidos con la democracia.

Según el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, esta medida responde a hechos de violencia y vandalismo registrados entre el 19 y 20 de junio, los cuales calificó como “actos criminales y de terrorismo urbano” que supuestamente amenazan el orden público y la institucionalidad democrática.

La declaratoria de estado de urgencia autoriza, por un periodo de cinco días, la restricción de libertades fundamentales como la libertad de tránsito, el control de movimientos poblacionales y, potencialmente, detenciones sin orden judicial. Si bien la Constitución panameña, en su artículo 55, permite la suspensión de ciertas garantías en casos de perturbación del orden público, dicha acción debe estar debidamente fundamentada, ser proporcional y respetar los derechos esenciales que no admiten suspensión.

¿Se violan derechos humanos con esta decisión?

Panamá es signataria de múltiples instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados establecen principios estrictos para la suspensión de derechos durante estados de excepción, subrayando la necesidad de que cualquier medida sea:

• Legal y conforme al derecho.
• Necesaria en una sociedad democrática.
• Temporal y proporcional a la amenaza enfrentada.
• Sujeta a control judicial y parlamentario.

La falta de claridad sobre qué derechos específicos han sido suspendidos, junto con declaraciones que criminalizan la protesta sin distinción entre manifestantes pacíficos y actos violentos, abre la puerta a potenciales abusos de poder. Además, no se ha informado si se ha notificado a los organismos internacionales, como exige la Convención Americana, sobre esta suspensión temporal de garantías.

Un llamado a la vigilancia ciudadana

Si bien es deber del Estado mantener el orden y proteger la propiedad pública y privada, también es su obligación garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. La experiencia histórica de Panamá —como la represión en Bocas del Toro en 2010 o los sucesos del 9 de enero de 1964— nos recuerda que el uso excesivo de la fuerza y la restricción de derechos no solo erosionan la confianza pública, sino que pueden desembocar en tragedias.

Este escenario exige una reflexión colectiva sobre el equilibrio entre seguridad y libertad. Las autoridades deben rendir cuentas sobre el alcance de esta decisión y garantizar que ninguna medida se convierta en una herramienta de represión. En tiempos de tensión social, más que nunca, es vital proteger la democracia con transparencia, legalidad y respeto a la dignidad humana.

Lecciones del pasado: otras suspensiones de garantías en Panamá

Históricamente, Panamá ha vivido momentos críticos en los que se han suspendido garantías constitucionales bajo argumentos de seguridad nacional. Uno de los casos más recordados es el ocurrido en julio de 2010, también en Bocas del Toro, cuando una huelga de trabajadores bananeros contra la llamada “Ley Chorizo” fue reprimida con violencia. Aquellos hechos dejaron un saldo de muertos, heridos y denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

Otro antecedente significativo es la represión del 9 de enero de 1964, cuando estudiantes panameños fueron atacados por fuerzas estadounidenses durante una manifestación por la soberanía del Canal de Panamá. Este episodio marcó la memoria nacional y mostró cómo el uso de la fuerza contra la población puede convertirse en un punto de inflexión histórico.

Ambos casos muestran que cuando el Estado recurre a medidas de fuerza sin suficiente transparencia ni diálogo, el costo social y humano puede ser elevado. Por ello, la actual medida debe ser observada con atención y evaluada bajo los más altos estándares democráticos.

Participación ciudadana: clave para proteger la democracia

La democracia no se fortalece con la imposición ni el silencio, sino con la participación activa, la vigilancia crítica y el respeto a los derechos fundamentales. Hoy más que nunca, los ciudadanos, organizaciones civiles, medios de comunicación y juristas deben mantenerse informados, exigir transparencia y defender los principios constitucionales que garantizan una convivencia pacífica y justa.

Hacemos un llamado a la población panameña a no normalizar la suspensión de derechos sin el debido escrutinio. Es momento de alzar la voz por la legalidad, la justicia y la dignidad de todos los habitantes de Bocas del Toro, y de cualquier región del país donde la democracia pueda verse amenazada.

Detalles de Panamá.com